En otros momentos de este blog he afirmado que la forma de plantear soluciones desde el Gobierno al tema de los malos tratos (¿domésticos?) era errónea por muchos motivos. Entre uno de ellos se encuentra el más siniestro: se trata de un problema que mueve una ingente cantidad de dinero y produce muchos dividendos electoralistas con su mera existencia. Para confirmar mi tesis no tengo más que remitirme a las pruebas del desastre, el desastre que se manifiesta en las cifras anuales de mujeres asesinadas; desastre en la medida en que era eso lo que trataba de atajar la nueva Ley y toda esa extravagante batería de medidas. Medidas erróneas, pues, como demuestran los resultados, los hechos.
Antes de comenzar haré una somera enumeración de lo que da de sí como negocio el tema del maltrato con independencia del fin último de quien pretende erradicarlo. Viven de él psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, abogados con o sin oficio, mediadores, sindicalistas, fiscales, policías, notarios, detectives, políticos, feministas de agrupaciones, grupos de apoyo, casas de acogida, institutos de la mujer, ONGs, empresas de marketing, publicistas, unidades especiales de policía, de la Guardia Civil… Pero como también señalé anteriormente, la ideología no existe cuando es el miedo lo que hace tomar ciertas determinaciones a los políticos. Y las determinaciones políticas tomadas al respecto son siempre tomadas desde el miedo; el miedo a eliminar una infraestructura plagada de intereses económicos y el miedo a perder votantes. El miedo a perder los beneficios que genera el problema. Siniestro, ya digo.
Sin ir más lejos, en la época del PP y con Aznar al mando (2001), la Comisión Mixta Congreso-Senado decidió constituir una comisión interministerial de la que formaran parte los ministerios de Interior, Justicia, Sanidad y Consumo, Educación, Cultura y Deporte y Trabajo y Asuntos Sociales para seguimiento y ejecución del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica. Así, siete de los trece miembros del cuarto gabinete de José María Aznar estaban implicados directamente en impedir que un hombre maltratara a una mujer.
En esa misma época, es decir, hace casi 8 años se contabilizaron, según el propio documento del II Plan: 490 cursos de información, 1.271 centros asesores y servicios de información, 262.000 publicaciones de guía de recursos; y existían 70 oficinas de asistencia a las víctimas, 84 casas de acogida, 102 pisos tutelados, 39 centros de emergencia y 35 servicios de acogida. Un año más tarde el número de pisos y casas de acogida había ascendido a 330. Además del Instituto de la Mujer estatal existían 17 Institutos de la Mujer autonómicos donde trabajaban más de tres mil mujeres.
En 2001 la Xunta de Galicia, por ejemplo, incentivó foros sobre la mujer en los medios de comunicación, estableció una comisión para controlar la publicidad sexista, financió el congreso La violencia impide la igualdad, publicó una guía de malos tratos hacía la mujer, diecisiete libros sobre la materia y patrocinó siete campaña de sensibilización, obras de teatro y seminarios de educación en igualdad. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid presidida por Esperanza Aguirre financió varios programas contra la violencia de género, impartió cursos a abogados que se encargan de atender a las mujeres en el turno de oficio de los Juzgados, formó a cientos de policías nacionales, guardias civiles y policías locales, colocó carteles interactivos en los institutos de Madrid, realizó campañas contra el juguete sexista, instauró una nueva carrera, el Master en Violencia, creó la red Centinela para Médicos… Y todas estas actividades se realizaron al margen de las financiadas por todos los ayuntamientos de la Comunidad, que tienen sus propios servicios de asistencia social.
La suma total de dinero invertido en las 17 comunidades para cubrir los objetivos propuestos por el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica fue de 36 mil millones de pesetas. Si sumamos a ésta las invertidas por el Estado y los ayuntamientos la suma asciende a algo más de cien mil millones de pesetas, 613,5 millones de euros (según el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 4 de diciembre de 2002).
El 3 de agosto de 2005 tomó posesión el nuevo Gobierno de la Xunta de Galicia (PSOE y Bloque Nacionalista Gallego) justo unas semanas antes de que hubiera entrado en vigor la Ley de Violencia de Género. En el Boletín Informativo número 41 de la Consejería de Bienestar e Igualdad de la Xunta de Galicia se explicitaba el nuevo programa que contaba con cientos de actividades al respecto, como las concesiones de subvenciones, la edición de revistas y publicaciones con el maltrato, la creación de nuevos servicios de atención jurídica telefónica, la compra de libros feministas para nutrir las bibliotecas públicas, organización de encuentros sobre le tráfico internacional de mujeres, financiación de obras de teatro temáticas… Además el nuevo Gobierno abrió 72 nuevos centros de información a la mujer maltratada que funcionaban 24 horas al día. Por otra parte el último Consejo de Ministros anterior a las vacaciones de 2006 (PSOE) acordó conceder una subvención de doce millones de euros a cada uno de los 17 Institutos de la Mujer para sus actividades en el maltrato. Lo que supone destinar en 2006 una cantidad suplementaria de 33.252 millones sobre los ya presupuestados por el Estado, además de las cifras de las ya existentes en cada Comunidad Autónoma. A la vuelta del verano, esto es, 2 meses después, el Gobierno decidió ampliar la cifra en otros 80 millones de euros más.
¿El resultado de todo esto?: pues que el número de denuncias de malos tratos crece y el número de mujeres asesinadas también. Y aunque parezca mentira nadie, desde el poder, parece preguntarse por qué eso es así después de todo. Todo lo más que hacen es suponer que el maligno sigue infiltrado en el género masculino y por ello continúan con la inmensa campaña de criminalización de género. ¿Por qué?, se preguntará más de uno: pues por lo dicho, por el miedo que atenaza a quienes podrían reconducir la prevención hacia otros derroteros, más prometedores pero bastante distintos a los que generan tantos beneficios empresariales y políticos.
Todo ese despliegue no cuadra demasiado con los datos empíricos y sin embargo acredita el error estratégico de los políticos y los medios: de las 37.000 órdenes de protección solicitadas en 2005 se concedieron 17.000 y el número de asesinadas sobrepasó los setenta. Al respecto dice el juez Navarro Blasco “Para evitar las muertes hubiera bastado con cien órdenes. Sin embargo, como la mayoría de las mujeres que acaban asesinadas por sus parejas no denuncian previamente los hechos en comisaría o en los juzgados, no se sabe a quién proteger, se actúa por impulsos de opinión pública, dando palos de ciego”. Puede resultar duro oír estas palabras pero no dejan de expresar algo que resulta sumamente significativo: que no es el hombre el culpable de esos asesinatos, que los culpables son esos 72 canallas que asesinaron. Por eso dice el juez “Lo que no se puede pretender es que el juez se dedique a aplicar una justicia de tipo preventivo, que siempre se convierte en injusticia flagrante e insoportable para una de los dos partes en el conflicto, la mujer y el hombre”. (Por si alguien ha dudado: de las 56 mujeres asesinadas en 2006, en sólo tres casos hubo denuncia previa ante la policía y los juzgados).
Así, la base por la que los gobiernos, las leyes y la opinión pública actúan se viene abajo, y demuestra que esa base, la brutal criminalización del género (se habla de machismo después de cada muerte), no es más que una imposición formulada desde el miedo. El miedo de quienes teniendo poder para cambiar el estado de las cosas se acobardan ante su ambición (la suya y la de algún grupo radical amenazante). Las campañas educativas dirigidas a los niños dan perfecta cuenta de la manipulación criminalizadora, como ya contábamos en otro post, pues en el discurso educativo sólo los niños son señalados con el estigma de sospechosos, y además por dos motivos: por ser ellos los culpables de una sociedad que por ser machista genera asesinos y por ser ellos, en definitiva, los potenciales asesinos.
Resulta curioso comprobar la cantidad de gente que se las da de progresista y después, debido a ciertos intereses espurios, estaría dispuesta a extender la culpabilidad del hombre incluso en aquellos casos en los que son los hombres los asesinados (en efecto, cada vez que se produce un asesinato de un hombre a manos de una mujer gran parte de la opinión pública culpabiliza al propio hombre). Y todo porque el estigma de sospechoso (e incluso de culpable) en el hombre es la base sobre la que se asienta toda política (y toda “publicidad” mediática) en lo relativo a los géneros.
De hecho la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVG) aprobada por el Parlamento español tanto con los votos de socialistas como de populares-, establece, en su art. 1 que «la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». Y como comenta Enrique Gimbernat “De acuerdo con este dogma de fe del feminismo, en su versión fundamentalista, de que cualquier vía de hecho, por muy leve que sea, constituye siempre una manifestación de machismo, los arts. 33 sgs. LVG imponen una pena superior a idénticas conductas -lesiones, coacciones y amenazas-, en función de si han sido ejecutadas por una persona perteneciente al sexo masculino o al femenino”.
Antes de comenzar haré una somera enumeración de lo que da de sí como negocio el tema del maltrato con independencia del fin último de quien pretende erradicarlo. Viven de él psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, abogados con o sin oficio, mediadores, sindicalistas, fiscales, policías, notarios, detectives, políticos, feministas de agrupaciones, grupos de apoyo, casas de acogida, institutos de la mujer, ONGs, empresas de marketing, publicistas, unidades especiales de policía, de la Guardia Civil… Pero como también señalé anteriormente, la ideología no existe cuando es el miedo lo que hace tomar ciertas determinaciones a los políticos. Y las determinaciones políticas tomadas al respecto son siempre tomadas desde el miedo; el miedo a eliminar una infraestructura plagada de intereses económicos y el miedo a perder votantes. El miedo a perder los beneficios que genera el problema. Siniestro, ya digo.
Sin ir más lejos, en la época del PP y con Aznar al mando (2001), la Comisión Mixta Congreso-Senado decidió constituir una comisión interministerial de la que formaran parte los ministerios de Interior, Justicia, Sanidad y Consumo, Educación, Cultura y Deporte y Trabajo y Asuntos Sociales para seguimiento y ejecución del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica. Así, siete de los trece miembros del cuarto gabinete de José María Aznar estaban implicados directamente en impedir que un hombre maltratara a una mujer.
En esa misma época, es decir, hace casi 8 años se contabilizaron, según el propio documento del II Plan: 490 cursos de información, 1.271 centros asesores y servicios de información, 262.000 publicaciones de guía de recursos; y existían 70 oficinas de asistencia a las víctimas, 84 casas de acogida, 102 pisos tutelados, 39 centros de emergencia y 35 servicios de acogida. Un año más tarde el número de pisos y casas de acogida había ascendido a 330. Además del Instituto de la Mujer estatal existían 17 Institutos de la Mujer autonómicos donde trabajaban más de tres mil mujeres.
En 2001 la Xunta de Galicia, por ejemplo, incentivó foros sobre la mujer en los medios de comunicación, estableció una comisión para controlar la publicidad sexista, financió el congreso La violencia impide la igualdad, publicó una guía de malos tratos hacía la mujer, diecisiete libros sobre la materia y patrocinó siete campaña de sensibilización, obras de teatro y seminarios de educación en igualdad. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid presidida por Esperanza Aguirre financió varios programas contra la violencia de género, impartió cursos a abogados que se encargan de atender a las mujeres en el turno de oficio de los Juzgados, formó a cientos de policías nacionales, guardias civiles y policías locales, colocó carteles interactivos en los institutos de Madrid, realizó campañas contra el juguete sexista, instauró una nueva carrera, el Master en Violencia, creó la red Centinela para Médicos… Y todas estas actividades se realizaron al margen de las financiadas por todos los ayuntamientos de la Comunidad, que tienen sus propios servicios de asistencia social.
La suma total de dinero invertido en las 17 comunidades para cubrir los objetivos propuestos por el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica fue de 36 mil millones de pesetas. Si sumamos a ésta las invertidas por el Estado y los ayuntamientos la suma asciende a algo más de cien mil millones de pesetas, 613,5 millones de euros (según el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 4 de diciembre de 2002).
El 3 de agosto de 2005 tomó posesión el nuevo Gobierno de la Xunta de Galicia (PSOE y Bloque Nacionalista Gallego) justo unas semanas antes de que hubiera entrado en vigor la Ley de Violencia de Género. En el Boletín Informativo número 41 de la Consejería de Bienestar e Igualdad de la Xunta de Galicia se explicitaba el nuevo programa que contaba con cientos de actividades al respecto, como las concesiones de subvenciones, la edición de revistas y publicaciones con el maltrato, la creación de nuevos servicios de atención jurídica telefónica, la compra de libros feministas para nutrir las bibliotecas públicas, organización de encuentros sobre le tráfico internacional de mujeres, financiación de obras de teatro temáticas… Además el nuevo Gobierno abrió 72 nuevos centros de información a la mujer maltratada que funcionaban 24 horas al día. Por otra parte el último Consejo de Ministros anterior a las vacaciones de 2006 (PSOE) acordó conceder una subvención de doce millones de euros a cada uno de los 17 Institutos de la Mujer para sus actividades en el maltrato. Lo que supone destinar en 2006 una cantidad suplementaria de 33.252 millones sobre los ya presupuestados por el Estado, además de las cifras de las ya existentes en cada Comunidad Autónoma. A la vuelta del verano, esto es, 2 meses después, el Gobierno decidió ampliar la cifra en otros 80 millones de euros más.
¿El resultado de todo esto?: pues que el número de denuncias de malos tratos crece y el número de mujeres asesinadas también. Y aunque parezca mentira nadie, desde el poder, parece preguntarse por qué eso es así después de todo. Todo lo más que hacen es suponer que el maligno sigue infiltrado en el género masculino y por ello continúan con la inmensa campaña de criminalización de género. ¿Por qué?, se preguntará más de uno: pues por lo dicho, por el miedo que atenaza a quienes podrían reconducir la prevención hacia otros derroteros, más prometedores pero bastante distintos a los que generan tantos beneficios empresariales y políticos.
Todo ese despliegue no cuadra demasiado con los datos empíricos y sin embargo acredita el error estratégico de los políticos y los medios: de las 37.000 órdenes de protección solicitadas en 2005 se concedieron 17.000 y el número de asesinadas sobrepasó los setenta. Al respecto dice el juez Navarro Blasco “Para evitar las muertes hubiera bastado con cien órdenes. Sin embargo, como la mayoría de las mujeres que acaban asesinadas por sus parejas no denuncian previamente los hechos en comisaría o en los juzgados, no se sabe a quién proteger, se actúa por impulsos de opinión pública, dando palos de ciego”. Puede resultar duro oír estas palabras pero no dejan de expresar algo que resulta sumamente significativo: que no es el hombre el culpable de esos asesinatos, que los culpables son esos 72 canallas que asesinaron. Por eso dice el juez “Lo que no se puede pretender es que el juez se dedique a aplicar una justicia de tipo preventivo, que siempre se convierte en injusticia flagrante e insoportable para una de los dos partes en el conflicto, la mujer y el hombre”. (Por si alguien ha dudado: de las 56 mujeres asesinadas en 2006, en sólo tres casos hubo denuncia previa ante la policía y los juzgados).
Así, la base por la que los gobiernos, las leyes y la opinión pública actúan se viene abajo, y demuestra que esa base, la brutal criminalización del género (se habla de machismo después de cada muerte), no es más que una imposición formulada desde el miedo. El miedo de quienes teniendo poder para cambiar el estado de las cosas se acobardan ante su ambición (la suya y la de algún grupo radical amenazante). Las campañas educativas dirigidas a los niños dan perfecta cuenta de la manipulación criminalizadora, como ya contábamos en otro post, pues en el discurso educativo sólo los niños son señalados con el estigma de sospechosos, y además por dos motivos: por ser ellos los culpables de una sociedad que por ser machista genera asesinos y por ser ellos, en definitiva, los potenciales asesinos.
Resulta curioso comprobar la cantidad de gente que se las da de progresista y después, debido a ciertos intereses espurios, estaría dispuesta a extender la culpabilidad del hombre incluso en aquellos casos en los que son los hombres los asesinados (en efecto, cada vez que se produce un asesinato de un hombre a manos de una mujer gran parte de la opinión pública culpabiliza al propio hombre). Y todo porque el estigma de sospechoso (e incluso de culpable) en el hombre es la base sobre la que se asienta toda política (y toda “publicidad” mediática) en lo relativo a los géneros.
De hecho la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVG) aprobada por el Parlamento español tanto con los votos de socialistas como de populares-, establece, en su art. 1 que «la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». Y como comenta Enrique Gimbernat “De acuerdo con este dogma de fe del feminismo, en su versión fundamentalista, de que cualquier vía de hecho, por muy leve que sea, constituye siempre una manifestación de machismo, los arts. 33 sgs. LVG imponen una pena superior a idénticas conductas -lesiones, coacciones y amenazas-, en función de si han sido ejecutadas por una persona perteneciente al sexo masculino o al femenino”.
Hace poco quedaron enfrentados dos artículos que hacían referencia a la supuesta inconstitucionalidad de la nueva Ley. Por una parte, el citado de Enrique Gimbernat en El Mundo ("La Ley de Violencia de Género ante el Tribunal Costitucional") y por otra el de Montserrat Comas en El País ("El Tribunal Constitucional lo ha dejado claro"), uno demostrando la injusticia de la Sippenhaftung -responsabilidad por la estirpe- (del Derecho germánico medieval, según la cual la responsabilidad de quien había cometido un delito se extendería también a su estirpe) y la otra congratulándose con la decisión del Tribunal Constitucional en la que para atajar la desigualdad reinante, que además es al parecer la causa de los malos tatos, lo que hay que generar es una gran desigualdad de los géneros ante la Ley.
Entradas
1 comentario:
Suscribo; impecable artículo.
El miedo como la fuente del error que somete a la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Pero el miedo a quién? A los radicales de ambas partes: al miedo, a la postre.
Publicar un comentario